El proyecto de reforma de la ley electoral promovido por el ministro de Interior se ocupa del ámbito electoral, como si el derecho constitucional a la participación política tuviera solo la dimensión del sufragio activo o como si el triunfo sobre el terrorismo consistiese en votar como residente desplazado. El triunfo sobre el terrorismo debe ser buscado y expresado con el regreso de los llamados ‘exiliados de ETA’. El objetivo debe ser el retorno de todos aquellos que lo deseen.
La reparación de las injusticias en el ámbito electoral debe efectuarse de tal forma que las medidas reparadoras no puedan ser usadas fraudulentamente para cometer otras injusticias. El principio de seguridad jurídica es el que debe guiar cualquier reforma de la ley electoral que pretenda establecer un régimen excepcional para un tipo de electores, cuya verificación no depende de criterios objetivos, sino de algo tan subjetivo como la declaración del solicitante que dice ser, sin necesidad de mínima prueba, elector desplazado de Euskadi o Navarra por la coacción terrorista.
Es obvio que el principio de seguridad jurídica en este caso no puede quedar subordinado a algo tan insólito como es la ‘presunción de veracidad del solicitante’, sin el mínimo control de veracidad de dicha declaración. Lo peor que les podría pasar a los auténticos desplazados es que la opción prevista en la propuesta del Ministerio de Interior fuese ejercitada fraudulentamente por quienes se marcharon de Euskadi y Navarra por razones distintas a la coacción de ETA.
X.Gurrutxaga en Vocento
