Decía Elías Canetti: “Buena parte del prestigio del que gozan las dictaduras se debe a que se les concede la fuerza concentrada del secreto, que en las democracias se reparte y se diluye entre muchos”. Y es que el secreto -la ausencia absoluta de transparencia- puede suponer una verdadera amenaza para la democracia. Por ello, el control del Gobierno, que es una de las tareas propias de toda oposición democrática, requiere que las materias reservadas no se conviertan en una prerrogativa del Ejecutivo para la impunidad. Es decir, que las materias calificadas secretas, tengan una vigencia más limitada, y por tanto que nadie que vulnere las libertades civiles de nuestro pueblo se pueda sentir biológicamente inmune ante las instancias judiciales.
Acceder a la información anterior a 1931 no plantea problemas, la gran mayoría está abierta, disponible y consultable. Entre los años 1931 y 1981 es donde empiezan los problemas. Archivos como el de Simancas o el del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa o el Archivo General Militar de Madrid continúan acumulando miles de documentos vetados a la investigación historiográfica y, lo que es más grave, ocultando información al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. No podemos olvidar que en esos archivos vive la memoria de muchos de nuestros compatriotas, una memoria que merece respeto y justicia.
